El Juez Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías, Edwin Ricardo Volpe Iglesias, ordenó la libertad de Armando José Salas Campo, quien fuese capturado el pasado 8 de marzo tras un allanamiento realizado en una vivienda del barrio El Valle, de acuerdo con la información dada a conocer por la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Su apoderado judicial, Pedro Miguel Salas Solórzano, explicó que “Armando Salas reside y labora en Bogotá desde hace 8 años hasta la actualidad, pero debido a una Isquemia Cerebral acaecida a su progenitor, quien reside en Barranquilla, se ve obligado a solicitar permiso laboral para trasladarse a esta ciudad. Así el día 27 de febrero del presente año se desplaza efectivamente a Barranquilla, alojándose en el hogar de sus padres de crianza, vivienda ubicada en la calle 68 No. 15-93, barrio El Valle”.

“El 8 de marzo de 2017 se ejecuta el procedimiento de allanamiento y registro, con una orden emanada desde el 6 de septiembre de 2016 sobre el inmueble donde mi apoderado se estaba hospedando temporalmente producto de la calamidad. En dicha diligencia fue aprehendido junto con Jair Enrique Olaya Ponton, su hermano de crianza y quien reside en la vivienda de El Valle”, precisó.

A partir de ese momento, señaló, “se surten las audiencias preliminares a cargo del Juzgado Noveno Penal Municipal de Barranquilla con Función de Control de Garantías. Se tiene que, en la formulación de imputación el señor Armando Salas no se allana a los cargos de receptación - Falsedad Marcaria y Uso de Documento Falso en la modalidad de autor”.

Puntualizó que “el 10 de marzo de 2017, durante la misma diligencia, en el trámite de medida de aseguramiento el despacho decide frente a Armando Salas ordenar “su libertad por no encontrarse elementos probatorios que lo vincularon a los delitos investigados”.

Es de anotar que todos los hechos relatados en la información aludida fueron suministrados por la Policía Metropolitana de Barranquilla.

De esta manera se procede de conformidad a lo solicitado por su apoderado judicial Pedro Miguel Salas Solórzano, de publicarse la información en los mismos términos de la libertad de su defendido, tras ser llevado ante un operador judicial, quien ordenó “su libertad por no encontrarse elementos probatorios que lo vincularon a los delitos investigados”.